Un edil de Seguridad de Getafe, citado a declarar por acceder a datos de vecinos en Vinfopol
La polémica por el acceso del equipo de gobierno a datos policiales de los vecinos de Getafe ha dado un paso más en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad ha admitido a trámite la querella presentada por el Partido Popular contra el concejal de Seguridad del equipo de Sara Hernández, que tendrá que declarar como investigado el próximo 17 de noviembre. La imputación se relaciona con un presunto delito de revelación de secretos, un tipo penal que contempla penas de hasta cuatro años de prisión.
El origen del caso está en Vinfopol, la plataforma policial a través de la cual el edil habría consultado información confidencial de particulares. Según la querella, ese acceso no encaja en ningún supuesto legal, porque la herramienta está reservada en exclusiva a la Policía Local.
Una plataforma que la ley no pone a disposición de los cargos públicos
La clave jurídica del asunto está en la Ley Orgánica 7/2021, de protección de datos personales en el ámbito penal. Su artículo 4 restringe el uso de este tipo de ficheros policiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, a las administraciones penitenciarias, a Vigilancia Aduanera y a los organismos encargados de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esa lista no figura ningún cargo político municipal, de modo que un concejal no tendría, en principio, derecho a entrar en el sistema.
Dicho de forma sencilla: los datos sobre dónde vive o trabaja un vecino, qué coche conduce o si ha pasado por un control de alcoholemia no son información administrativa cualquiera, sino datos protegidos que solo pueden consultar los cuerpos policiales y otras autoridades expresamente autorizadas.
El juez quiere saber quién abrió la puerta al concejal
El auto no se limita a citar al investigado. Requiere también a la Policía Local que remita en un plazo de diez días un informe pormenorizado sobre el funcionamiento de Vinfopol, el tipo de datos que almacena y si el edil accedió realmente a la herramienta. Además, pide aclarar desde cuándo contaba con esa autorización, quién se la concedió y el histórico completo de sus consultas, un detalle que puede resultar decisivo para esclarecer hasta dónde llegó el uso del programa.
El PP habla de espionaje a vecinos y oposición
La reacción del Partido Popular no se ha hecho esperar. Su portavoz en Getafe, Antonio José Mesa, ha tachado la imputación de muy grave y ha acusado al gobierno local de utilizar datos del Ayuntamiento para espiar a vecinos y a la oposición. A su juicio, el concejal tendrá que explicar ante el juez por qué disponía de acceso total a información confidencial cuando la ley se lo prohíbe a cualquier cargo municipal.
Mesa ha ido más lejos y ha sugerido, en lo que él llama una suerte de cloacas municipales, que el edil habría actuado como un operador de confianza de la alcaldesa, sin descartar que la plataforma se empleara también para vigilar a los miembros de la oposición o incluso para presionar a vecinos que discrepan del gobierno. Son, por ahora, acusaciones del portavoz popular que deberán acreditarse judicialmente.
Una batalla que empezó en el pleno de junio
La querella es el último acto de una ofensiva que el PP inició en junio, cuando pidió en el pleno el cese del concejal después de que este reconociera tener acceso al programa. Entonces, Mesa ya describía Vinfopol como el «Gran Hermano» de la alcaldesa, capaz de conocer dónde vive y trabaja un vecino, qué vehículo tiene, si ha sido multado o si ha pasado por un control de alcoholemia.
El portavoz popular ha enmarcado el caso en lo que él considera una escalada de corrupción municipal, citando los vínculos que atribuye a la alcaldesa con la trama de Santos Cerdán, con la trama Dubái y con presuntos enchufes en la empresa pública Lyma y en la Policía Local.
Lo que esto significa para los vecinos de Getafe
Más allá del enfrentamiento político, el caso toca directamente la privacidad de todos los getafenses, porque el fondo de la cuestión es quién puede consultar datos personales protegidos y con qué garantías. Ahora será la instrucción judicial, con el informe de la Policía Local y la declaración del edil del 17 de noviembre, la que determine si hubo o no delito. Recordemos que una imputación no equivale a culpabilidad y que la investigación está, por el momento, en una fase inicial.
